La Educación Pública en caída libre

La Educación Pública en caída libre

Compartimos el artículo de opinión escrito por la Dra. Silvina Irusta para nuestro blog, respecto de los dichos del presidente el pasado martes en conferencia de prensa mientras presentaba los resultados de la evaluación “Aprender 2016”.

Irusta es docente-investigadora de la UNVM, en la asignatura Análisis Político. Desde 2014 se desempeña como Profesora Visitante en la Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Es co-autora del libro “Del Estado nacional al Estado plurinacional” (Eduvim, 2016), junto a la Dra. María Susana Bonetto. Actualmente encabeza la lucha en defensa de la Educación Pública en representación del claustro docente de nuestra Universidad.

La Educación Pública en caída libre

La semana pasada durante el conflicto salarial con los docentes, el Presidente Mauricio Macri, expresó en conferencia de prensa que los niños y jóvenes, cuyas familias no tienen recursos para acceder a escuelas privadas, deben caer en la educación pública. Indudablemente, tal afirmación negativa sobre la formación pública, emblema de ascenso social e igualdad de oportunidades durante décadas en nuestro país, ocasionó numerosas críticas de los más vastos sectores sociales y dirigenciales.

Más allá de la funesta expresión de la investidura presidencial, lo importante es analizar la caída real que ha tenido la educación pública en todos sus niveles en el último año y medio y que claramente marca un nuevo rumbo en la política de Estado.

El conflicto salarial de los maestros y los docentes de nivel medio y superior es sólo un síntoma de un entramado institucional de desfinanciamiento de la educación pública y de la ciencia y la tecnología en nuestro país. La negación del gobierno nacional de participar en las paritarias docentes muestra un claro interés de desfinanciamiento por parte del Ministerio de Educación de la Nación, dejando en manos de las provincias o de los municipios el pago de los salarios, sin ningún tipo de garantías financieras como exige la ley y nuestra Constitución Nacional.

Parece ser que el gobierno federal desconoce las garantías constitucionales de nuestra Carta Magna, en términos de que es el Estado Nacional quien debe garantizar en todo el territorio el acceso y la igualdad de oportunidades que supone la concepción de la Educación como un Derecho. No son los maestros, ni los padres los primeros responsables de la educación de nuestros niños y jóvenes, sino el Estado. Eso implica el compromiso ineludible de financiación de la educación que se traduce en infraestructura, salarios dignos a los docentes, subsidios escolares a las familias, financiamiento en el desarrollo de la ciencia básica y aplicada al servicio de los problemas de nuestro país.

Sin embargo del análisis del presupuesto 2017 aprobado por el Congreso de la Nación observamos el comienzo de un nuevo ciclo en la educación pública que implica una caída libre hacia su mercantilización. El presupuesto vigente establece una pérdida en al área de educación y cultura de un 7% con respecto al de 2016, que se traducen en 8.422 millones menos. Según datos oficiales el rasgo más expresivo del nuevo presupuesto, es que el Estado nacional vuelve a gastar más en deuda que en educación. Mientras que la relación deuda/educación había sido de 1,04 en 2015 (por cada peso destinado a educación, se había destinado $1,04 a deuda) y de 0,85 en 2016 (se gastó menos en deuda que en educación), esta relación es de 1,55 en 2017. Esto significa que este año se transfiere a los acreedores del Estado nacional un 55% más de los recursos que se invierten en educación. Lo mismo podemos decir del proceso de recorte en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología que sufrió una poda de casi mil millones de pesos, afectando así, la formación de recursos humanos de excelencia en el Conicet, la paralización de la planta de investigadores y un intento por redefinir la producción de conocimientos a las exigencias del mercado y los centros académicos hegemónicos de las economías centrales del sistema mundial.

Evidentemente la nueva política de Estado del gobierno actual implica a un retorno a los presupuestos del neoliberalismo que postulan como máxima de calidad educativa introducir mecanismos de mercado que descentralicen las decisiones empoderando a las familias y los agentes particulares.

Estos datos nos muestran un escenario adverso para la educación pública, en término de calidad, acceso, e igualdad de oportunidades para los sectores menos favorecidos de nuestra sociedad. Pero también nos interpelan a luchar por la construcción de una escuela y universidad pública para todos.

 

 

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